«Yo no cometí ningún delito», proclamó Picolotti al pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal, antes de conocer el veredicto.
La exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, fue condenada este lunes a la pena de tres años de prisión de «ejecución condicional» y a restituir al estado casi $7 millones por haber cometido el delito de defraudación en contra de la Administración Pública, al pagar gastos familiares y personales con fondos públicos.
Picolotti había pedido al Tribunal Oral Federal Nº6 que dicte su absolución en el juicio oral por gastos suntuarios durante el ejercicio de su gestión. «Yo no cometí ningún delito», proclamó Picolotti al pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal, antes de conocer el veredicto.
La condena incluyó también la inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos. «Hace 14 años que estamos con esta causa. Y la conclusión es evidente: yo no cometí ningún delito», reiteró.
Los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel anunciaron a las 16 el veredicto. Y, mientras Picolotti pidió su absolución, el fiscal Diego Luciani reclamó que sea condenada a tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo y al reintegro de unos $7 millones a las cuentas públicas.
Picolotti basa su defensa en que los gastos suntuarios que se le atribuyen no sólo no están probados sino que tampoco se realizó un peritaje caligráfico para establecer si la autorización de gastos fue firmada por ella.
«No hubo pericia caligráfica ni contable. Se me acusa de un delito que no está probado», insistió desde la plataforma Zoom, a través de la cual se realizó el juicio. «Pido a los jueces que se aplique el derecho de manera objetiva e imparcial», subrayó.
Los gastos por los que fue juzgada Picolotti incluyen desde compras de farmacia, regalos y una piedra aromática, hasta decenas de pasajes de avión y vuelos charters, almuerzos en Sushiclub y noches de hotel para su familia.
Picolotti, que está radicada en EEUU, no está obligada a volver al país. Seguirá en libertad con la obligación de presentarse mensualmente en el consulado argentino en Miami. En caso de incumplir, se le ejecutará la fianza.
